El Concejo Deliberante aprobó el pedido de adelanto para pagar sueldos a raíz del descalabro financiero que dejó Sergio Tamayo
La ordenanza impulsada por el Ejecutivo recibió ocho votos afirmativos. Los legisladores que responden a Alberto Rodríguez Saá cuestionaron y rechazaron la iniciativa.
En una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante capitalino sancionó el proyecto impulsado por el municipio para solicitar un anticipo al Banco Supervielle. El destino de los recursos es equivalente a la masa del personal y estará destinado al pago de los haberes en un solo tramo.
Entre los principales fundamentos, la intendencia de Gastón Hissa expuso la crisis económica que dejó la gestión de Sergio Tamayo y la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones.
“Con los montos que tenemos hoy no se pueden pagar los sueldos de enero”, dijo en la previa la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud. La funcionaria se presentó en el Concejo Deliberante para evacuar las consultas de los legisladores.
En la sesión, el jefe del bloque oficialista Cambia San Luis, Mario Silvestri fue el encargado de fundamentar el proyecto. Planteó que el pedido obedece al “déficit de caja de $41 millones al día de asumir la nueva gestión”.
También tuvo en cuenta las deudas que dejó el Gobierno de Sergio Tamayo en pagos a prestadores y proveedores, sobre combustibles, aportes a Transpuntano, en seguros de los trabajadores, ayudas económicas comprometidas y las liquidaciones del aguinaldo.
“Con gran esfuerzo y a pesar de ingentes esfuerzos de la oposición por entorpecer la gestión de Hissa, en pocos más de 30 días se han podido cumplir gran parte de los compromisos generados y no atendidos por la gestión de Tamayo”, afirmó Silvestri.
El edil advirtió que “es evidente que el municipio carece de fuentes de financiación genuina y ordinaria de ingresos para poder hacer frente a este déficit heredado que se debe atender de manera urgente, en tiempo y forma”.
También enumeró las medidas de austeridad adoptadas por la intendencia para reducir los gastos superfluos.
La ordenanza, establece que el adelanto “no podrá superar a la sumatoria de las acreditaciones mensuales que por tales conceptos se realizaren en las cuentas bancarias del personal”.
En un pasaje del debate, los concejales de la oposición anticiparon su rechazo a la medida. Argumentaron que la intendencia cuenta con recursos y que no tenían suficiente información.
El proyecto recibió ocho votos afirmativos de Cambia San Luis y del bloque unipersonal que integra Laura Sánchez. Siete de Unión por San Luis fueron en contra.
La aprobación fue cuestionada en duros términos por los concejales que responden al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y padrino político de Tamayo. Algunos en sus intervenciones apuntaron directa e indirectamente a El Chorrillero.
Formularon una fuerte defensa de la gestión de Tamayo, criticaron las primeras decisiones de Hissa y también se mostraron como “víctimas” de persecución.
El jefe del bloque, Juan Martín Divizia fijó la posición oficial y dijo que “siempre vamos a estar del lado de los trabajadores” y el ex secretario de Gobierno, Andrés Russo asumió la defensa de la administración saliente.
Paulina Calderón, Julieta Ponce y Agustina Gatto se alinearon con sus pares y adhirieron en todos los términos a los discursos.
Lejos de una autocrítica, los legisladores albertistas convalidaron los actos del Gobierno de Tamayo.